Impulso Ciudadano presentará un recurso contencioso-administrativo contra el artículo 37 del Decreto 269/2025 de la Generalitat, que regula la imagen corporativa de los Mossos d’Esquadra. La entidad considera muy grave que, bajo esta norma, se introduzca una regulación lingüística estructural dentro del cuerpo policial.
El decreto, publicado en el DOGC el 18 de diciembre, establece que el catalán es la lengua “propia y habitual” de trabajo y de relación con la ciudadanía, aunque reconoce el derecho a ser atendido en castellano y prevé el uso del aranés en el Valle de Arán.
Un decreto que desborda su objeto
A juicio de Impulso Ciudadano, la norma excede claramente su finalidad al utilizar un decreto sobre imagen institucional para imponer un modelo lingüístico que contradice el régimen constitucional de cooficialidad recogido en el artículo 3 de la Constitución.
La asociación subraya que configurar el catalán como lengua habitual no solo desconoce la oficialidad del castellano en la Administración, sino que vulnera también los derechos lingüísticos de los propios agentes, que pueden utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en sus comunicaciones internas y en el ejercicio de sus funciones.
Consecuencias jurídicas y precedentes judiciales
Lejos de ser una cuestión organizativa menor, Impulso Ciudadano advierte de que esta regulación tiene efectos jurídicos, profesionales y disciplinarios para los miembros del cuerpo, al introducir una preferencia lingüística incompatible con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En este sentido, recuerda que el TSJC ya ha anulado otras normas que imponían el catalán como lengua única de la administración, como los protocolos lingüísticos de la Generalitat o el reglamento de uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona.
Política lingüística e identidad
La entidad lamenta que el actual Gobierno catalán mantenga una política lingüística de carácter identitario, utilizando la lengua como instrumento de construcción de una identidad excluyente en lugar de promover una convivencia lingüística equilibrada y respetuosa con la pluralidad de Cataluña.
Para Impulso Ciudadano, la cooficialidad no consiste en tolerar una lengua y promover otra, sino en garantizar que ambas sean normales en la Administración y los servicios públicos. Convertir el catalán en lengua obligatoria de trabajo de los Mossos, afirma, discrimina a los castellanohablantes.
Neutralidad institucional en juego
La asociación considera especialmente preocupante que esta regulación afecte a un cuerpo policial, donde la neutralidad institucional y el respeto a los derechos fundamentales deberían ser incuestionables.
Por todo ello, Impulso Ciudadano acudirá a los tribunales para solicitar la anulación del artículo 37 del decreto, convencida de que la lengua no puede utilizarse como herramienta de exclusión ni de ingeniería social desde la Administración.
Leer la nota de prensa original emitida por Impulso Ciudadano (19/12/2025)
‼️@Impulso_Ciudada recurrirá ante los tribunales el Decreto de imagen corporativa de los Mossos d’Esquadra por imponer una regulación lingüística identitaria y discriminatoria.
— Impulso Ciudadano (@Impulso_Ciudada) December 19, 2025
El Govern vuelve a usar la lengua como instrumento ideológico.
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