El texto repasa un año de intensa actividad de Convivencia Cívica Catalana frente a la imposición lingüística y el incumplimiento de la Constitución en Cataluña, con la acción jurídica como eje central: impugnaciones, demandas, sentencias favorables y apoyo a ciudadanos y comercios. El presidente subraya la independencia de la entidad, financiada solo por sus socios, y llama a duplicar la base social para reforzar la defensa efectiva de los derechos fundamentales, la igualdad lingüística y la legalidad constitucional.
Se adjunta el texto íntegro de la carta.
Queridos amigos y socios.
Iniciamos un nuevo año en un escenario político que no admite autoengaños ni paños calientes. La presencia de los separatistas en las instituciones, lejos de ser una anécdota coyuntural, supone una agresión constante a la Constitución y a los derechos fundamentales, una presión permanente sobre la legalidad y un intento sostenido de transformar la administración en una herramienta de exclusión.
Esa agresión se traduce, de forma muy concreta, en un arrinconamiento deliberado del español y de los derechos de los hispanohablantes, tratados demasiadas veces como ciudadanos de segunda en su propia tierra. No hablamos de hechos aislados, sino de una pauta: se limita el uso del castellano, se restringe la libertad de elección y se normalizan políticas que discriminan a millones de catalanes por su lengua habitual.
Y, por si quedaba alguna duda, la llegada del PSC al poder en Cataluña no ha supuesto un cambio de fondo: nos ha demostrado que, en esta materia, no solo no corrige la deriva, sino que la tolera, la asume o la maquilla, y por tanto forma parte del problema. En paralelo, muchos ayuntamientos se han lanzado abiertamente a una senda de incumplimiento sistemático de la Constitución, limitando derechos de los ciudadanos e imponiendo el catalán como norma excluyente, como si la libertad lingüística y la igualdad ante la ley fuesen concesiones revocables.
En este contexto, el año 2025 ha sido para Convivencia Cívica Catalana un año de trabajo intenso, sostenido y sin concesiones. Hemos reforzado nuestra posición como entidad de referencia en la defensa de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la igualdad lingüística de todos los ciudadanos, actuando allí donde otros miran hacia otro lado o se resignan.
La acción jurídica ha sido, una vez más, el eje central de nuestra actividad. A lo largo de 2025 hemos impugnado una treintena de procesos selectivos de distintas administraciones y siete reglamentos lingüísticos, todos ellos caracterizados por imponer exigencias desmedidas de catalán o por excluir de facto el uso del castellano. No se trata de casos aislados, sino de una práctica sistemática que exige una respuesta jurídica firme y constante.
Asimismo, hemos denunciado varios buzones de delación lingüística, auténticos mecanismos de señalamiento impropios de una sociedad democrática, promovidos o tolerados por administraciones que deberían garantizar derechos y no fomentar la vigilancia ideológica entre ciudadanos.
En el ámbito de la defensa del pequeño comercio, hemos obtenido en 2025 las primeras sentencias favorables contra multas impuestas a comerciantes por no usar el catalán, así como resoluciones contrarias a ayuntamientos que exigían acreditar el conocimiento de dicha lengua para trabajos manuales o de carácter no cualificado. Estas resoluciones son especialmente relevantes porque desmontan uno de los pilares del abuso administrativo habitual.
A ello se suma un trabajo menos visible, pero esencial: durante 2025 hemos asesorado a decenas de particulares y entidades en la defensa de sus derechos lingüísticos frente a la Generalidad y frente a ayuntamientos catalanes, orientando actuaciones, preparando escritos, guiando reclamaciones y acompañando a quienes, de otro modo, se verían obligados a soportar en silencio la arbitrariedad administrativa y la discriminación cotidiana.
A día de hoy, Convivencia Cívica Catalana mantiene 43 procesos selectivos de administraciones locales impugnados, todos ellos dirigidos a limitar la exigencia arbitraria y desproporcionada del catalán, así como 18 ordenanzas y reglamentos locales que restringen el uso del castellano o imponen el catalán de manera excluyente. Esta cifra da una idea clara del alcance del problema y de la magnitud de nuestra intervención.
Paralelamente, hemos interpuesto ocho demandas para exigir que diversos ayuntamientos catalanes coloquen la bandera de España tanto en el balcón consistorial como en el salón de plenos, en cumplimiento de la legalidad vigente. También hemos presentado una demanda para que la Ciudad de la Justicia de Barcelona cuente con rotulación igualmente en castellano, algo elemental en un servicio público que debe atender a todos los ciudadanos sin discriminación.
Nuestra acción no se ha limitado a los tribunales. Durante 2025 hemos estado presentes en todos los debates relevantes en materia de lengua que se han producido en Cataluña. No ha habido polémica significativa —en educación, en la administración, en el comercio o en el espacio público— en la que Convivencia Cívica Catalana no haya intervenido con claridad, argumentos jurídicos y una posición inequívoca.
Esa presencia se ha reflejado también en los medios de comunicación, donde hemos sido interlocutores habituales en prensa escrita, digital, radio y televisión. Nuestra voz ha sido requerida porque no improvisamos, no relativizamos y no edulcoramos la realidad: denunciamos con datos, con Derecho y con constancia.
En redes sociales, el perfil de Convivencia Cívica Catalana se ha consolidado como un perfil de referencia y denuncia, con más de 70.000 seguidores y múltiples publicaciones diarias. Las redes se han convertido en una herramienta clave para visibilizar abusos, informar a los ciudadanos y romper el silencio impuesto por el discurso oficial.
En el plano cívico y simbólico, hemos impulsado una Iniciativa Legislativa Popular en Barcelona para sustituir la calle dedicada a Sabino Arana por la de Miguel Ángel Blanco, un gesto de dignidad democrática frente a la normalización del homenaje a quienes representan la fractura y el desprecio a las víctimas del terrorismo.
Todo este trabajo responde a una convicción que seguiremos profundizando en el año que comienza: frente a la imposición identitaria, más Derecho; frente al abuso, más acción judicial. Nuestra estrategia jurídica seguirá siendo prioritaria, porque es eficaz, porque genera precedentes y porque obliga a las administraciones a rendir cuentas.
Esperamos razonablemente que este esfuerzo se traduzca en nuevos éxitos judiciales a lo largo del próximo año. Cada sentencia favorable no es solo una victoria concreta, sino un freno a la expansión de prácticas ilegales que se sostienen, muchas veces, en la pasividad y el miedo.
Nada de esto sería posible sin vosotros. Conviene recordarlo con total claridad: las cuotas de los socios son nuestros únicos ingresos. No dependemos de subvenciones, ni de partidos, ni de estructuras que condicionen nuestra independencia. Nuestra fuerza —y nuestra libertad para actuar— se mide, literalmente, en el respaldo real de quienes deciden sostener esta entidad con su compromiso y su cuota.
Por eso, este punto no es un trámite ni una frase final: es una cuestión de supervivencia y de eficacia. Si queremos mantener y ampliar las demandas, sostener las impugnaciones, asumir costas, preparar recursos y seguir llevando a los tribunales a quienes vulneran derechos, necesitamos una base social más amplia. La discriminación avanza con presupuestos públicos; nosotros solo avanzamos con socios.
Y por eso os anuncio, sin rodeos, uno de nuestros objetivos principales para 2026: duplicar el número de socios. Duplicar socios significa disponer de más recursos para interponer más demandas, abrir más frentes judiciales y sostenerlos con continuidad; pero también significa tener más gente en el territorio, más presencia real, más capacidad de detectar abusos, de informar, de movilizar y de transmitir nuestro mensaje allí donde hoy impera el miedo o la resignación.
Os pido, de manera expresa, que cada uno de vosotros se convierta este año en un captador activo de Convivencia Cívica Catalana. Todos conocemos personas que piensan como nosotros, familias que sufren la imposición, comerciantes hostigados, funcionarios hartos de arbitrariedades, ciudadanos que creen que están solos. No lo están, pero necesitan saberlo: invitadles a asociarse, explicadles lo que hacemos y mostradles que aquí hay una entidad que actúa, que litiga y que no se resigna.
Y os lo digo con total claridad: un socio nuevo no es “uno más”; es un procedimiento que puede interponerse, un reglamento municipal más que puede ser impugnado, una multa lingüística que puede combatirse, una ordenanza que puede frenarse, un abuso menos que se normaliza. Cada alta multiplica nuestra capacidad de acción y nos permite pasar de la queja a la respuesta, del lamento al pleito, de la indignación a la victoria.
Convivencia Cívica Catalana seguirá siendo una entidad incómoda para el poder, pero necesaria para la libertad. No nos rendimos, no nos resignamos y no callamos. Seguiremos luchando, con serenidad y firmeza, por la igualdad de todos los españoles y por la vigencia real de la Constitución en Cataluña.
Os deseo, ahora sí de forma expresa, un FELIZ AÑO NUEVO, con salud, fortaleza y determinación. Que 2026 nos encuentre más fuertes, más numerosos y más decididos en la defensa de España, de la Constitución y de los derechos fundamentales en Cataluña.
Recibid un cordial y combativo saludo.
Ángel Escolano
Presidente — Convivencia Cívica Catalana
