Teresa Freixes describe una situación preocupante: la acumulación de incumplimientos institucionales que, lejos de corregirse, siguen siendo ignorados. El fallo sistemático en atender recomendaciones clave y el aumento de denuncias ante la UE reflejan, según ella, una deriva preocupante del Estado de derecho en España, mientras el discurso oficial sigue desconectado de esta realidad.
Resumen del artículo
- Fracaso en atender recomendaciones contra la corrupción
La autora destaca que España no ha dado una respuesta satisfactoria a ninguna de las 19 recomendaciones formuladas por el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) en su quinto ciclo de evaluación.
- Incumplimientos en múltiples áreas críticas
Las áreas señaladas incluyen: regulación de asesores gubernamentales, conflictos de interés, acceso a información pública, legislación sobre lobbies, puertas giratorias, declaraciones de patrimonio e intereses, aforamientos, y códigos de conducta en seguridad pública. En muchos casos, solo se han hecho avances parciales o meros proyectos legislativos.
- España entre los líderes en denuncias ante la UE
Según el informe, España empataba con Bulgaria con 81 procedimientos de incumplimiento activados por la Comisión Europea, seguida por Grecia, Bélgica y Polonia. En sanciones económicas, Polonia, Italia, Grecia y Reino Unido superan a España; en casos ante el Tribunal de Justicia, España ocupa el tercer lugar, tras Grecia e Italia.
- Caso emblemático del TJUE sobre seguridad radiológica
Se menciona un caso “piloto” resuelto el 7 de septiembre de 2023, en que el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por no cumplir con directivas sobre protección frente a radiaciones ionizantes.
- Sanciones y fondos vinculados al Estado de derecho
El artículo explica que las sanciones pueden incluir pagos acumulados más multas coercitivas diarias, y que de no pagarse, se descuentan directamente de los fondos europeos a recibir. Menciona específicamente el Reglamento (UE) 2021/241 que vincula la recepción de fondos del Plan NextGeneration EU al respeto del Estado de derecho.
- Conexión entre incumplimiento legal y deterioro institucional
Freixes resalta la relación entre el cumplimiento del Derecho de la UE y el respeto del Estado de derecho. Advierten que organismos como la Comisión de Venecia y el GRECO ya constatan déficits que podrían traducirse en sanciones serias, incluso retirada de fondos (como ha ocurrido con Polonia y Hungría).
- Crítica a la narrativa oficial del gobierno
La columnista lamenta que el Gobierno insista en mensajes optimistas, pese a los datos y pronunciamientos independientes. Frente a estos informes externos, el tono oficial resulta poco creíble y genera inquietud sobre el rumbo institucional.
