La Constitución fue un paso adelante
Mañana se cumplirán 47 años de la votación en referéndum de nuestra Carta Magna; efeméride muy significativa, porque se conmemora uno de los hitos más importantes de nuestra historia reciente. Con la Constitución de 1978 la ciudadanía española decidió dar un paso adelante, dotándose de un sistema político de convivencia basado en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, fundamentándose su razón de ser en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Esa fue la base del pacto. Hasta aquí, lo conocido y lo celebrado.
Del éxito del consenso al desgaste del sistema
Sin embargo, con el paso del tiempo, a pesar de los innegables logros del nuevo sistema democrático —especialmente en sus primeros años—, el desarrollo posterior de la Constitución fue degradando paulatina y progresivamente su esencia.
Esto fue debido, muy especialmente, por la acción irresponsable de dirigentes de la clase política que antepusieron sus intereses partidistas a los legítimos intereses del pueblo soberano. En la pugna por hacerse con el poder y mantenerlo, dejaron de velar por el fortalecimiento democrático que habían recibido gracias a un esfuerzo de reconciliación muy meritorio de toda la sociedad.
Un poder ejercido de espaldas a su único dueño: el pueblo
Hoy, muchos dirigentes con responsabilidades ejecutivas y legislativas ejercen el poder con una concepción rayana en la autocracia. Ignoran que el poder lo ejercen única y exclusivamente en representación del pueblo; utilizan sistemáticamente el poder transferido con un sectarismo ideológico e instrumental inaceptable.
Nos encontramos ante una clase dirigente que instrumentaliza partidos políticos opacos, comportándose de un modo difícilmente catalogable como plenamente democrático, interpretando leyes confusas con criterios desconcertantes y desconocidos para la población.
Negociar y pactar con quien no sea de su propia ideología se ha convertido en anatema, a menos que compartan intereses espurios de estricto reparto del poder. Falta transparencia, sobran afirmaciones falaces y la realidad palmaria se niega por rutina y disciplina de partido.
El poder como fin, la Constitución como obstáculo
Así hemos llegado a la situación actual, en la que quien aspira a gobernar —y gobierna— negocia con quien haga falta y a cualquier precio para continuar ejerciendo el cargo; laminando, si lo considera preciso, los derechos constitucionales de toda la ciudadanía con el objetivo exclusivo de mantenerse instalado en el poder.
Decisiones manifiestamente en contra de los intereses generales de España se justifican hoy en nombre de urgencias narrativas, mayorías circunstanciales o relatos de supervivencia política.
Una nación atacada desde dentro
Nuestra vieja nación está siendo atacada desde dentro por quienes no dudan en implementar cuantas medidas precisen para su demolición por fases. Nada ni nadie puede detenerlos, excepto el pueblo. ¡Sólo el pueblo español puede salvar nuestra democracia!
Durante décadas se ha inoculado en la sociedad el virus de la división, del enfrentamiento y del odio. Se ha contaminado el imaginario colectivo con filias y fobias ideológicas perfectamente planificadas, con el fin de mantener cautiva a una población enfrentada a sí misma.
Tras lustros de agitación y propaganda sectaria, la actual clase dirigente ha dividido a nuestro pueblo, instaurando una pugna partidista persistente, caldo de cultivo necesario para mantenerlo supeditado a consignas y trampantojos ideológicos e históricos.
El deterioro institucional: un problema de todos
El deterioro institucional que presenciamos en España no proviene sólo de unas siglas. Proviene de élites políticas cuya prioridad ya no es desarrollar proyectos para las necesidades del pueblo en su conjunto, sino satisfacer intereses de clase, de partido y personales, totalmente al margen de la ciudadanía.
Si la soberanía nacional reside en el pueblo, entonces es al pueblo a quien corresponde recordar a sus representantes que el poder no les pertenece, que la Constitución no es una barrera que esquivar ni una herencia que despreciar, sino el pacto que nos permitió convivir en paz y libertad.
Porque, 47 años después, la pregunta no es si la Constitución sigue viva. La pregunta es si estamos dispuestos a defenderla. Y esa respuesta —como entonces— sólo puede venir del mismo lugar: del pueblo español.
