En la política española actual, pocos fenómenos resultan tan reveladores como la tendencia de la izquierda a ejercer una doble vara de medir. No se trata solo de una cuestión de estrategia o de cálculo electoral, sino de un hábito profundamente arraigado en su cultura política: la convicción de que sus fines son, por naturaleza, más nobles que los de sus adversarios, y que, por tanto, los medios utilizados para alcanzarlos merecen una indulgencia especial. Esta lógica, que podría parecer una simple defensa partidista, tiene implicaciones más hondas, pues afecta directamente a la credibilidad moral del progresismo y a su relación con la ciudadanía.
Durante años, la izquierda española ha sustentado su identidad sobre una idea de superioridad ética. Su papel en la conquista de derechos sociales, en la lucha por las libertades civiles o en la ampliación de los márgenes de igualdad la dotó de una legitimidad que parecía incuestionable. Sin embargo, esa legitimidad se resquebraja cuando los principios se subordinan a la conveniencia política. Lo que ayer se denunciaba como intolerable en los otros —el nepotismo, la corrupción, el uso partidista de las instituciones— hoy se disfraza de “circunstancia”, de “ataque mediático” o de “contexto judicial hostil” cuando los protagonistas pertenecen al propio bloque ideológico.
La izquierda española atraviesa una crisis de autenticidad.
La doble moral se manifiesta también en el terreno del discurso. La defensa de la libertad de expresión, por ejemplo, se vuelve selectiva: se reivindica con vehemencia cuando se trata de voces progresistas, pero se relativiza o incluso se reprime cuando el mensaje procede de posiciones conservadoras. Lo mismo ocurre con la justicia social, que a menudo se proclama como un principio universal, pero se practica con un sesgo que favorece a los cercanos y margina a los disidentes. En el fondo, esta incoherencia responde a una vieja tentación de la izquierda: confundir la bondad de la intención con la rectitud de la acción.
La política, sin embargo, no se mide por la pureza de los propósitos, sino por la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En ese sentido, la izquierda española atraviesa una crisis de autenticidad. Ha construido una retórica que ya no siempre se corresponde con su práctica, y esa distancia genera un creciente escepticismo entre quienes alguna vez la consideraron una fuerza moralmente regeneradora. La indignación que antes movilizaba se convierte ahora en desconfianza, y la promesa de cambio se percibe como un eco de lo mismo.
La pérdida de autoridad moral no se combate con excusas, sino con autocrítica.
Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de España, pero en nuestro contexto adquiere una resonancia particular. La izquierda, que tradicionalmente se presentaba como el motor de la ética pública, parece haber caído en la trampa de su propio relato. En lugar de revisar sus contradicciones con humildad, se aferra a la autocomplacencia, culpando a los medios, a los jueces o al “sistema” de sus fracasos. Sin embargo, la pérdida de autoridad moral no se combate con excusas, sino con autocrítica.
Quizá el desafío más urgente para el progresismo español consista en reconciliar su discurso con su conducta. Volver a hablar menos en nombre del bien y actuar más en nombre de la coherencia. Solo así podrá recuperar la confianza de una sociedad cada vez más cansada de la hipocresía política. No hay causa justa que resista la incoherencia de quienes la encarnan, ni proyecto de transformación que pueda sostenerse sobre el terreno movedizo de la doble moral. Si la izquierda quiere seguir siendo una fuerza de esperanza, deberá empezar por aplicarse a sí misma las exigencias éticas que siempre reclamó a los demás.
