Verano en llamas, país en conmoción
Agosto concluyó con un sabor amargo y una impotente perplejidad en buena parte de la opinión pública española: una parte enfrascada en cuitas partidistas, otra indiferente como si nada tuviera que ver con ella, y el resto, indignada pero paralizada, atrapada en una vigilia política sin salida.
Este verano no fue como otros. Los incendios que devastaron cientos de miles de hectáreas en el noroeste peninsular —con pérdidas humanas incluidas— destaparon una perversa realidad política: las fallas estructurales que acechan nuestra democracia.
Preguntas sin respuesta
Preguntas que probablemente rondan el intelecto colectivo:
- ¿Por qué no se declaró el nivel 3 de emergencia ante la magnitud de lo ocurrido, activando el Sistema Nacional de Protección Civil?
- ¿Por qué los presidentes de las comunidades afectadas no lo exigieron?
- ¿Por qué el Gobierno central no asumió esta responsabilidad ante una crisis evidente y extendida?
El nivel 3 de emergencia existe para estos casos: para situaciones tan graves que desbordan los recursos ordinarios autonómicos, permitiendo coordinar recursos extraordinarios, incluyendo las Fuerzas Armadas. Que ninguno de los responsables políticos lo activara revela una falla grave de responsabilidad institucional.
Muchos gobernantes parecen obsesionados con perpetuarse en el poder en lugar de proteger a la población.
Pero no es algo nuevo. En octubre-noviembre de 2024, la gota fría azotó el Levante, especialmente la zona de Valencia, sin que surgiera una respuesta política similar. Lo que ya era preocupante entonces, ahora se vuelve inadmisible.
El problema tiene raíz política: muchos gobernantes parecen obsesionados con su perpetuación en el poder y su rivalidad partidista, en lugar de trabajar por la seguridad y bienestar de la población. Esta falta de responsabilidad política es la causa más evidente de que fallos de esta gravedad se repitan sin corrección.
Fracaso institucional
Estamos ante un claro fracaso institucional: decisiones retrasadas, recursos mal gestionados, competencia política por encima del interés general. La democracia, como institución, sufre cuando solo se ve en crisis su operatividad, no su legitimidad, pero lo que estamos viviendo pone en cuestión ambas.
Esta emergencia democrática no puede ser declarada desde el poder político.
Por eso es urgente asumir una conciencia responsable: la ciudadanía no puede permanecer pasiva. Esta emergencia democrática no puede ser declarada desde el poder político, porque éste está atrapado en sus juegos partidistas. Tiene que surgir desde abajo, desde nosotros. Y tenemos una herramienta poderosa: el voto.
La ciudadanía, última defensa
Un voto acompañado de movilización ciudadana puede iniciar una transformación profunda. No solo para castigar malas gestiones, sino para exigir una política distinta, comprometida con el interés común, transparente, eficaz.
Hoy más que nunca, debemos reivindicar otra forma de hacer política. Un gran movimiento cívico que exija a los gobernantes que quienes gobiernan están para servir —no para dominar—; que demandemos democracia real, no una partidocracia perversa que pone en riesgo los fundamentos de nuestra convivencia.
Tiempo de actuar
En estos momentos críticos, la voz del pueblo debe alzarse clara: ¡Convocatoria de Elecciones Generales, ya!
Reflexionemos y actuemos. Si permitimos que la democracia se degrade sin reacción, todos somos responsables de su colapso. Porque hoy, la democracia española está en peligro; solo el pueblo puede salvarla.
