Seis aspectos a tener en cuenta
1.- Cualquier pretensión de convertir el catalán en una lengua de integración y cohesión social, presentándolo como lengua compartida, fracasará si se plantea desde la exclusión del español e ignorando los derechos lingüísticos de más del 50% de los ciudadanos catalanes para los que el español es su lengua propia.
2.- Es positivo promover el conocimiento del catalán entre el 20% de catalanes que aún no lo hablan y garantizar el derecho de opción lingüística ante la administración pública -local, autonómica o estatal- sea en español, catalán o aranés. Sin embargo, el “Pacte Nacional per la Llengua” fracasará porque va mucho más allá.
Las numerosas medidas que contempla el Pacte pretenden modificar los usos lingüísticos convirtiendo en anomalía utilizar el español en la educación, la administración, la comunicación con los consumidores o la acogida de los recién llegados a Cataluña. Se promueve, además, convertir el catalán en una frontera lingüística para acceder al mercado laboral y en un requisito certificado para incorporarse a la función pública. Se equivocan.
Es un error garantizar para el catalán una serie de derechos lingüísticos si se ignoran para el castellano.
3.- Ignorar que los catalanes nos sentimos afectivamente vinculados no sólo al catalán sino al español, o a ambos, según sea nuestra lengua familiar, no funcionará. Ambas lenguas gozan de un amplio uso social. Considerar lengua extraña al español demuestra poco respeto para sus hablantes y dificulta el mutuo aprecio entre los dos idiomas. Es un error garantizar para el catalán una serie de derechos lingüísticos si se ignoran para el castellano en base a una supuesta minorización del catalán. No podemos considerar minorizada una lengua que posee prestigio social, carácter oficial, tiene garantizada su uso en el territorio, es vehicular en la enseñanza y una posición relevante en los medios públicos de comunicación.
4.- Es necesario respetar el hecho natural de que -quienes tienen el español como lengua materna- seguirán utilizándolo en sus relaciones entre sí en todos sus ámbitos de relación social, igual que lo hacen los catalanohablantes de origen entre ellos. Es en la interacción entre los dos grupos lingüísticos en los que las personas tienen derecho a relacionarse en la lengua que deseen, una decisión en la que la administración no debería interferir. El derecho de opción lingüística de ambos grupos de hablantes lo es en sus relaciones con la administración, pero en el resto de las relaciones sociales es una decisión personal de los hablantes como relacionarse entre ellos desde el respeto y la libertad individual.
El español no es una anomalía histórica a reconducir con ingeniería social, sino parte de nuestra identidad como catalanes.
5.- Universalizar el conocimiento del catalán a través de la enseñanza o promoviendo el libre aprendizaje entre quienes se incorporan posteriormente a nuestra sociedad es positivo. Marginar el papel del español en la integración en nuestra sociedad y convertir el catalán en un requisito lingüístico para poder incorporarse al mundo laboral, cultural o social además de innecesario terminará empobreciendo nuestra sociedad.
6.- No podemos abstraernos de que la presencia del español en Cataluña es fruto de nuestra pertenencia a un proyecto político compartido y a unos lazos demográficos, económicos y culturales de siglos. Su existencia no es una anomalía histórica a reconducir con ingeniería social, sino parte de nuestra identidad como catalanes, y la lengua materna de la mayoría de nosotros. El objetivo debe ser consolidar una sociedad auténticamente bilingüe en el que el aprecio al catalán será fruto del respeto al español, la elección del uso de ambos idiomas libre por parte de los ciudadanos, y la obligación de disponibilidad lingüística de la administración no implique ni fronteras lingüísticas ni perjuicio en la prestación de los servicios que de ella depende.
