Los pactos, cuando se firman entre dos Estados democráticos, hay que cumplirlos. Así lo proclama el derecho romano en el que bebe el derecho español, mediante el apotegma pacta sunt servanda, que es la base en que se asienta el total sistema de contratos públicos y privados, estableciendo la confianza y la seguridad en las relaciones mutuas.
El actual Gobierno de España, tal como nos tiene acostumbrados, desprecia este imperativo jurídico social y moral cuando ello conviene a sus intereses partidistas, como lo ha demostrado en el último ‘ejemplo’ que nos ha dado: la rescisión de un contrato de compra de balas a una empresa israelí por un importe de seis millones de euros, para ganar la complicidad de Sumar, su socio gubernativo, dejando a nuestra Guardia Civil sin munición para sus pistolas, y produciendo un grave perjuicio económico para las arcas públicas, puesto que ese dinero habrá que pagarlo como precio o como indemnización. Todo, bajo la excusa de no favorecer al Estado israelí, imputado por Sumar como ‘genocida’ por su actuación en Gaza.
Justo cuando se anuncia el incremento del gasto militar.
Así se cierra una crisis en la coalición de gobierno entre el PSOE y Sumar, justo cuando se anuncia el incremento del gasto militar, con el fin de alcanzar el 2 % del producto interior bruto (PIB) ya comprometido con la OTAN, por lo que supongo que esto sí lo cumplirá. ¿O pasará como en tantas otras promesas incumplidas, como por ejemplo en el tema de la vivienda? Veremos…
La decisión adoptada por el gabinete socialista, sin embargo, no tapa la nefasta y ominosa situación de Gaza, donde los israelitas han arrasado a la población con más de 40.000 muertos desde que se produjo la masacre terrorista llevada a cabo por Hamás en octubre de 2023: lo que tapa es un problema personal de Pedro Sánchez, que afecta a la estabilidad y permanencia de su gobierno, y de él mismo como presidente de aquél.
Estamos ante una “falsa disputa” y una “cortina de humo”.
Considerando las disputas internas existentes entre la dirección de Sumar y uno de sus socios de coalición, Izquierda Unida, todo apunta a que estamos ante una “falsa disputa” y una “cortina de humo”, para que no se hable de los diez mil millones del aumento en la inversión anunciada en defensa, con la que tampoco están de acuerdo los grupos de extrema izquierda que son socios de gobierno pero contra la que no dicen nada, y ello sin someter la misma al Parlamento, algo que la oposición ha calificado de «prácticas antidemocráticas, más propias de otros países de latitudes lejanas».
Sobre el aparente conflicto protagonizado entre la fracción del Gobierno que lidera Yolanda Díaz y la mayoría socialista del mismo -que no se alarme nadie-, mi opinión personal es que ninguno de los ministros del cupo gubernativo de Sumar dimitirá, cosa que no entra dentro de sus cálculos, y no por los motivos que ellos aducen —el pacifismo y tal—, sino por puro interés personal.
Motivos éticos los hay sobrados para salir del Gobierno, después de los numerosos sumarios judiciales abiertos por corrupción que manchan a muchas personas del entorno socialista, pero que, al parecer, no mueven la atención de sus socios, lo que demuestra que tienen la moral muy ancha, pero muy estrechas sus exigencias personales.
Interior y Defensa siguen manteniendo vigentes varios contratos de suministros militares con empresas israelitas.
Que estamos ante una ‘falsa disputa’ y una ‘cortina de humo’ lo demuestra el hecho de que los ministerios de Interior y Defensa siguen manteniendo vigentes varios contratos de suministros militares con empresas israelitas, por cifras muy superiores a la del coste de las balas fantasma. Ejemplos:
- En este mismo mes de abril se ha formalizado un contrato de placas antibalísticas para chalecos de seguridad con la empresa de aquel país Guardian Homeland Segurity, por valor 319.331 euros, y que la ministra Robles mantiene el contrato de 576 millones de euros para la adquisición del sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM para el Ejército de Tierra, que, aunque se fabricará en España por Expal, la tecnología es aportada por la compañía israelita ELBIT.
- Tampoco se ha anulado la compra de 168 lanzamisiles a la compañía SPIKE, por valor de 237 millones, y se pretende sustituir los veteranos misiles TOW comprando los nuevos a la compañía Pap-Tecnos, siendo el gobierno más que consciente de que el proveedor de ésta es la empresa israelita RAFAEL.
- Otro ejemplo aún más muy llamativo es que el programa Pegasus, cuyo propietario es Israel, es el que utilizan todos los medios de seguridad en España para su lucha contra los terroristas y el crimen organizado. ¡Tendremos mucha suerte si, tras el caso de las balas fantasmas, los israelitas no nos retiran la licencia de uso de este programa, y nos dejen desnudos en esos campos, porque ello nos haría muy vulnerables!
- O el sistema de comunicación STR, desarrollado por Telefónica con licencias de las empresas israelitas Aicox y Elbit, es el que usan todos los países de la OTAN para los vehículos de combate, y España tiene asignados 350 millones de euros a esta partida.
Al lado de todas estas cifras... ¿Qué son los seis millones de euros por la compra de balas que tanto falso revuelo ha producido?
No. El problema humanitario de Gaza no puede ser utilizado como señuelo para tapar nuestras vergüenzas (o desvergüenzas). ¿O es que no existe alguna otra forma de terminar con el conflicto armado de una vez y para siempre en aquella desventurada tierra? ¡Aplíquese a ello nuestro Gobierno, y que no nos engañe con vidrios de colorines!
