La financiación autonómica y la deriva semiconfederal de España
El debate sobre la financiación autonómica vuelve a evidenciar un problema estructural: un modelo territorial que fragmenta el poder, incentiva el despilfarro y profundiza una deriva semiconfederal difícil de revertir.
Hace 18 años escribía que el Estado autonómico creaba dinámicas de poder disgregadoras que no tendrían vuelta atrás cuando condujeran a la “confederalización” de los grandes partidos políticos. En el caso del PSOE, esa confederalización es evidente e incluso expresa. En el caso del PP, por ahí parecen ir los tiros.
La confederalización política como punto de partida
El problema del modelo de financiación que propone Montero no es tanto el reparto —que también— como el aumento de la parte de dinero que se detrae de las cuentas comunes para trasladarlo a la máquina de despilfarro que son las comunidades autónomas (obviamente, unas más que otras).
El sistema necesita una mirada global y racional que determine qué parte de los recursos públicos debe destinarse al sistema autonómico y qué parte a competencias gestionadas de igual modo para toda España.
Como explicaba hace unos días, el argumento de que la sanidad, la educación y los servicios sociales dependen de las comunidades autónomas y que, por eso, su financiación debe aumentar (¿hasta dónde?, ¿con qué límite?) no resiste el contraste con los datos.
Las causas reales del mayor gasto autonómico
En realidad, el mayor gasto de aquellas comunidades autónomas con un mayor coste per cápita no se explica por la sanidad y la educación, sino, básicamente, por tres factores:
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El modelo foral (podríamos decir, el aberrante modelo foral).
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Los costes derivados de la ausencia de economías de escala en comunidades pequeñas (casos de La Rioja, Cantabria y Navarra, y también el de la policía autonómica vasca, con un coste desorbitado en parte porque el País Vasco no tiene población suficiente para que sea rentable una policía propia).
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Competencias identitarias y de fidelización de medios y organizaciones de la sociedad civil (especialmente claro en Cataluña).
Así que, desde un partido responsable, habría que insistir en que no se debe aumentar en 20.000 millones de euros la financiación autonómica. Ese es el problema, esa es la dificultad; eso es lo que tantos, en esta España ya semiconfederalizada, no quieren ver.