El derecho al castellano y la política lingüística en Cataluña.
La reflexión del profesor Rafael Arenas parte de una columna de José Domingo para denunciar cómo la política lingüística impuesta en Cataluña margina al colectivo castellanohablante y vulnera derechos fundamentales.
Lean, por favor, este artículo de José Domingo. Título original: Odio a los castellanohablantes en Cataluña.
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Imposición lingüística y derechos vulnerados
Aborda un problema ante el que muchos -y no solo en la izquierda- apartan la mirada. Insisto en que la política lingüística que se desarrolla en Cataluña es ilegítima. Y lo es porque supone imponer la utilización del catalán, con exclusión del castellano, la lengua oficial y mayoritaria de la población, tanto en la escuela como en la administración y en los medios públicos de comunicación.
Quienes reivindican su derecho a la utilización del castellano (siempre junto con el catalán, no existe -a mi conocimiento- ninguna petición de exclusión del catalán en la escuela o en la administración, simétrica a la exclusión del castellano que se practica en Cataluña) son hostigados de varias maneras; entre ellas mediante el señalamiento y el aislamiento.
El caso de Canet: precedentes y sentencias
El caso de Canet no es el único. En otros supuestos en los que se pidió la educación bilingüe (bilingüe, catalán y castellano; en ningún caso educación solamente en castellano) el nacionalismo, operando concertadamente desde la Generalitat, las administraciones locales y entidades de la sociedad civil, intentó amedrentar a quienes pedían el respeto de sus derechos con la intención de evitar que otras familias solicitaran lo mismo.
El caso de Canet es, sin embargo, el primero que concluye en una sentencia condenatoria en la que se establece que el acoso sufrido por la menor y su familia tenía como fundamento su pertenencia a un grupo, los castellanohablantes.
Lo anterior es muy importante. El discurso de odio (y, en su caso, el delito de odio) se dan cuando el ataque al individuo se da como integrante de un grupo. En el caso de Canet era claro, porque los mensajes amenazantes indicaban que, entre otros, la finalidad era evitar que otras familias solicitaran la educación bilingüe. Esto es, pretende coartarse la libertad de un grupo mediante el hostigamiento a uno de sus miembros.
Responsabilidad institucional frente al silencio europeo
¿Cómo puede estar pasando esto en España con la complicidad y participación de los poderes públicos (los autonómicos y locales) y el consentimiento de las autoridades estatales? ¿Cómo es posible que la actuación de las instituciones europeas se limite al Parlamento Europeo, que sí ha condenado la vulneración de derechos que se padece en Cataluña, pero con el ominoso silencio de la Comisión Europea, que debería velar por el respeto a los principios democráticos esenciales en toda la Unión?
Es responsabilidad de todos denunciar lo que está sucediendo en Cataluña. No estamos ante un conflicto "inventado", sino frente a uno bien real que nace del intento de unos de imponer su lengua a otros que, tozudamente, se niegan a plegarse a los planes de construcción nacionalista de Cataluña.
Como recuerda José Domingo en este artículo, la familia de Canet no es la única víctima; que ninguna caiga en el olvido y que el conjunto de la sociedad reivindique los derechos lingüísticos de todos; no solamente de los que pretenden ser los únicos que los tienen.
Quienes utilizamos el español también tenemos derechos lingüísticos, y no deberían ser de inferior nivel que los de los hablantes de cualquier otra lengua oficial.