La balanza fiscal y el mito de los 22.000 millones “robados”

La balanza fiscal y la mentira de los 22.000 millones robados

La llegada de Salvador Illa ha servido al menos para que la Generalitat publique por fin las balanzas fiscales usando el método carga-beneficio, que hasta ahora se ocultaban porque arrojan un déficit mucho menor que el método de flujo monetario. Calculando solo el método de flujo, Pedro Aragonès aportaba su granito de arena al discurso victimista y agraviado del nacionalismo.

Los expertos (FEDEA, IEF, Ángel de la Fuente o Antoni Zabalza) coinciden en que solo el método de carga-beneficio, que ocultaba Aragonès, es el que permite valorar la equidad con que el Estado presta servicio a sus ciudadanos.

Con el método carga-beneficio los gastos del Estado se imputan a Cataluña en tanto que los catalanes nos beneficiamos de ese gasto. Hay muchos gastos del Estado (Exteriores, Defensa, Justicia…) de los que los catalanes nos beneficiamos aunque ese dinero no se gaste en Cataluña: se gasta en los catalanes.

El método de flujos pretende medir el dinero que retorna a Cataluña desembolsándose en el territorio, ignorando que los catalanes, como los demás españoles, nos beneficiamos de servicios del Estado que no necesariamente se pagan en territorio catalán.

La diferencia, obviamente, es notable. Veamos los datos del último año publicado: 

Balanza fiscal 2021	Flujo monetario	Carga beneficio
Ingresos del Estado en Cataluña	61.554	60.714
Gastos del Estado en Cataluña	53.424	58.613
Deficit	8.130	2.101

Fuente Generalitat de Cataluña

Más de 6.000 millones de diferencia no es baladí y demuestra hasta qué punto la política de la Generalitat ha estado centrada en la manipulación.

Con todo, uno u otro método solo sirven para amparar ese gran artificio contable que es la balanza fiscal, pues para calcularla la Generalitat debe analizar los gastos del Estado y más del 50 % de esos gastos, excluida la Seguridad Social, no están territorializados. Ello hace imposible determinar su destino, así que la Generalitat hace estimaciones interesadas con sus propios criterios, algunos claramente sesgados, como es el caso de los intereses de la deuda pública.

En todo caso, el déficit existe: es lo razonable en un sistema en el que los más ricos aportan más y la función de la Administración central es distribuir los recursos obtenidos garantizando servicios equiparables en aquellas comunidades que generan menos ingresos fiscales por tener una economía más débil. Lo relevante es si los servicios que hemos recibido del Estado están en la media del conjunto de España; esa es la exigencia razonable, y no la eliminación del déficit.

Los 22.000 millones: dónde están

Aceptando, como indican los expertos, los 2.101 millones del sistema carga-beneficio como diferencia entre lo que empresas y ciudadanos catalanes hemos entregado a la Administración central y lo que esta ha gastado en beneficio de los catalanes, ¿cómo se pasa de ese déficit observado de 2.101 millones a los famosos 22.000 millones? Mediante lo que denominan la neutralización de la balanza.

Básicamente, es una ficción contable que parte de un supuesto irreal: que el déficit del Estado no se financia con deuda —como ocurre realmente—, sino que, con cada autonomía, o lo ha cubierto con más impuestos ficticios que realmente no se han pagado, o bien que ha recibido menos gastos del Estado de los que realmente recibió. Ninguno de los dos supuestos se ha producido, pero dan lugar a dos posibles ajustes de contabilidad creativa, ambos irreales.

1. Ajuste vía ingresos ficticios

El Estado habría recaudado 13.883 millones de impuestos extras que la Generalitat da por entregados —aunque sea una pura ficción—. Con eso aumenta el déficit hasta 15.983 millones con el método carga-beneficio e incluso hasta los famosos 22.013 millones enarbolados por el nacionalismo aplicando el método de flujos monetarios.

	FLUJO MONETARIO	CARGA BENEFICIO
DEFICIT REAL	8.130	2.101
IMPUESTOS FICTICIOS EXTRAS	13.883	13.882
SALDO NEUTRALIZADO VIA INGRESOS	22.013	15.983

Fuente Generalitat de Cataluña

Lo relevante es que estos 13.883 millones los catalanes ni los hemos pagado ni los vamos a pagar. A diferencia de las personas, las empresas y los Estados están permanentemente endeudados. Los Estados cubren sus déficits emitiendo deuda y no pretenden cancelarla, sino mantenerla dentro de unos límites marcados por su solvencia internacional. No hemos pagado 13.883 millones ni los pagaremos, ni en una hipotética Cataluña independiente dispondríamos de ellos para gastarlos.

2. Ajuste vía gastos

El otro procedimiento consiste en considerar que el déficit del Estado se ha cubierto gastando menos, por lo que Cataluña también habría recibido menos servicios de los que realmente ha recibido. En este caso, la neutralidad nos sale más barata. El criterio, tan irreal como el primero, da lugar a dos nuevas cifras.

	FLUJO MONETARIO	CARGA BENEFICIO
DEFICIT REAL	8.130	2.101
REDUCCION FICTICIA DE GASTOS	9.832	10.786
SALDO  NEUTRALIZADO VIA GASTOS	17.962	12.887

Fuente Generalitat de Cataluña.

En definitiva, a partir de un déficit objetivo (impuestos al Estado menos gastos del Estado) de 2.101 millones, mediante la neutralización o utilizando un método inadecuado de cálculo podemos ir estirando la cifra a 12.887 millones, 15.983 millones, 17.962 millones o hasta los famosos 22.013 millones.

Como ejercicio académico puede ser interesante, pero tiene dos consecuencias graves:

— Desde el nacionalismo se utiliza para promover el victimismo y la desafección hacia el resto de España. Se pretende vender los 21.982 millones de ficción como el “España nos roba” o como la cifra extra de recursos que obtendría una Cataluña separada. La realidad es que son pura creación contable que, obviamente, no se recuperaría, ya que nunca se pagó.

— La utilización de estas balanzas como palanca de negociación de la nueva financiación singular de Cataluña. El acuerdo PSC–ERC generaría graves problemas en la Hacienda Pública nacional; su pretensión de generalizarlo es inviable. La realidad es que los recursos son finitos y su distribución no puede significar nada distinto a garantizar que todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan y paguen los impuestos que paguen, tengan acceso a servicios equiparables prestados por la Administración central.