La vivienda: un gobierno que combate la oferta.

España se enfrenta a una crisis de vivienda que no deja de agravarse. Los precios de venta y alquiler suben muy por encima de los salarios, los jóvenes se emancipan cada vez más tarde y la vivienda social apenas representa un espejismo estadístico. Nada que no sepamos ya. Pero ahí va el diagnóstico incómodo: como la física, la economía también tiene sus leyes. Éstas se rigen —entre otros factores— por la oferta y la demanda. Y como en derecho, el desconocimiento de dichas leyes o su menosprecio no exime de su aplicación.

El discurso político dominante insiste en que el problema es la “codicia de los propietarios” o la falta de control público sobre los precios. Esa visión simplista —casi populista— esconde una verdad incómoda: la raíz del problema está en la oferta, no en la demanda.

Durante años, las administraciones han tejido un marco regulatorio tan denso, lento e imprevisible que incrementar el parque de vivienda en España se ha convertido en una carrera de obstáculos. El resultado es tan previsible como devastador: menos oferta, subida de precios, menos acceso.

La escasez de suelo: un problema político, no geográfico.

España no tiene un problema de espacio; tiene un problema de permisos. El suelo urbanizable efectivo es escaso no porque falte territorio, sino porque los procesos de recalificación, aprobación y desarrollo son un laberinto administrativo. Los planes generales de urbanismo pueden tardar más de una década en aprobarse y cualquier modificación se enfrenta a una selva de informes sectoriales, alegaciones y requisitos burocráticos. ¿Hay alguien ahí dispuesto a eliminar barreras?

A ello se suma una cultura política hostil al desarrollo urbano, donde liberar suelo o simplificar trámites se presenta como una concesión al “especulador”. El resultado es un mercado rígido, caro y paralizado. Los costes del suelo se disparan antes de que empiece la obra, y la vivienda asequible se vuelve económicamente inviable. La obligación homogénea en determinados municipios de destinar un porcentaje a vivienda protegida “porque sí” solo agrava el problema.

Costes y capacidad: un sector sin músculo.

El segundo gran obstáculo está dentro del propio sector. La crisis de 2008 destruyó buena parte del tejido productivo de la construcción: empresas, oficios y mano de obra cualificada que nunca se recuperaron del todo.

Hoy, la combinación de costes crecientes de materiales y energía, junto con normativas cada vez más exigentes y lentas, ha convertido cada proyecto en un ejercicio de supervivencia empresarial. Mientras tanto, el Estado responde con planes de vivienda pública anunciados a bombo y platillo, pero nunca ejecutados, y con subvenciones dispersas que apenas compensan la pérdida de competitividad. La política se limita al titular; la ejecución, a la parálisis. Necesitamos más y mejor gestión y menos eslóganes. ¿Por qué nadie o casi nadie habla de la construcción prefabricada o industrializada? Querer es poder.

Inseguridad jurídica: el enemigo invisible de la inversión.

El tercer gran freno es la inseguridad jurídica. El intervencionismo creciente en los mercados de alquiler y venta —con límites de precios, topes a las rentas o restricciones a los desahucios incluso en casos de impago— ha dinamitado la confianza de los inversores. Promotores, fondos y pequeños propietarios reciben un mensaje inequívoco: España es un país donde las reglas cambian por decreto y donde el riesgo político supera al riesgo de mercado.

¿El resultado? Menos inversión, menos proyectos, menos vivienda. El capital, que es “miedoso” por definición, fluye hacia otros países o hacia segmentos menos regulados, como el residencial de lujo, mientras el parque de vivienda en alquiler se sigue reduciendo. Paradójicamente, las mismas políticas que dicen proteger al inquilino terminan expulsándolo del mercado. De los okupas y de cómo Cataluña lidera el ranking de vivienda okupada mejor hablamos otro día.

Un diagnóstico incómodo: cuando la ideología sustituye a la economía.

El enfoque gubernamental sobre la vivienda se ha convertido en un ejercicio de populismo económico. Un país con una mayoría de su prensa adormecida —por no decir— subvencionada que se dedica básicamente a darle un masaje “diario” (ahí hacen honor a su denominación) al gobierno de turno en lugar de criticar y proponer soluciones.

En vez de atacar las causas estructurales —la falta de suelo, la lentitud administrativa, los sobrecostes normativos o la inseguridad jurídica—, se prefiere demonizar al propietario y exprimir al inversor. Se confunde control con solución, y regulación con progreso. Y cuanto más intervienen, más empeoran la situación.

Una política que destruye lo que dice defender.

El problema de la vivienda en España no es técnico, es político. Durante años, el Estado ha convertido el sector en un experimento ideológico, donde cada nuevo control, tasa o restricción agrava la escasez que se pretendía resolver.

Si de verdad se quiere vivienda asequible, hay que empezar por lo obvio: liberar suelo, reducir trabas y garantizar seguridad jurídica. Todo lo demás —las promesas, los anuncios, los topes y los decretos— son humo electoral.

Y el humo, como la retórica, no construye casas. Los mercados no funcionan por decreto. La vivienda no se crea regulando precios, sino facilitando que se construya más y mejor. Se requieren menos barreras, incentivos adecuados, estabilidad y confianza. Y, sorpresa: simplemente dejar que las leyes del mercado funcionen.

Y lo peor de todo: los que gobiernan conocen el problema perfectamente. Todo es parte de una agenda con efectos buscados. Una población que no sea propietaria de nada es por ende una población más insegura y más dependiente del Estado. Y es por supuesto una población más domesticable. Alcemos la voz hoy pues mañana puede ya ser tarde.