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Recordando las leyes del golpe

Teresa Freixes | Teresa Freixes Sanjuán (Lérida, 1950), jurista especialista en derecho constitucional.

Saliralaire | 17 de julio de 2019

La autora explica que las llamadas 'leyes de desconexión' aprobadas en Cataluña en 2017 encajan en el concepto de Kelsen sobre golpe de Estado.

En septiembre de 2017 asistimos a lo que vengo denominando plenos de la vergüenza en el Parlamento de Cataluña.

  • Los días 6 y 7 de aquel mes, sin respeto del reglamento parlamentario, ni del Estatuto de Autonomía, ni de la Constitución o del Derecho internacional, el rodillo secesionista de la Cámara autonómica aprobó las denominadas leyes de desconexión.
  • Todo encaja perfectamente en el concepto de Kelsen sobre golpe de Estado cuando afirma que no siempre se realiza mediante un levantamiento armado comportando el uso de la fuerza, sino que puede también darse cuando ilegalmente se sustituye el orden jurídico-constitucional por otro, sin tener en cuenta los procedimientos establecidos.
  • Ello tuvo lugar en Cataluña con la aprobación de las dos leyes que tenían la pretensión de romper con el orden constitucional español.

Comenzaron por una reforma del reglamento parlamentario que estaba dirigida a impedir que la oposición no secesionista no pudiera introducir enmiendas ni discutir el texto que cambiaba el procedimiento de adopción de las leyes, vulnerando, como así constató posteriormente el Tribunal Constitucional, los derechos de los diputados, que no pudieron realizar las funciones que les son propias en un sistema democrático.

  • El 6 de septiembre de 2017 se aprobó la Ley del referéndum de autodeterminación.
  • No respetaba los estándares constitucionales e internacionales.
  • El Derecho internacional exige, y la Comisión de Venecia así lo establece en su Código de Buenas Prácticas, que cualquier referéndum ha de estar constitucionalmente previsto y que, como mínimo desde un año antes de realizarlo, se debe contar con una ley que lo regule.
  • En nuestro caso ni existe la previsión constitucional y la ley reguladora, anticonstitucional, se aprobó pocas semanas antes de la realización de la consulta, que tuvo lugar el 1 de octubre de ese mismo año.

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