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El 'procés' genera más causas por odio y discriminación

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Los altercados a la carpa de Societat Civil en la Universitat Autònoma de Barcelona. EL MUNDO

La Fiscalía de Barcelona pide reforzar este servicio por el alto volumen de trabajo.

Hasta el pasado noviembre el Ministerio Público había recibido unas 800 denuncias

El pasado miércoles, el Consejo Fiscal examinó los proyectos de los candidatos a ocupar el puesto de Ana Magaldi, la fiscal jefe de Barcelona que se jubila. En el documento defendido por la que ha resultado su sustituta, Concepción Talón, se remarcaba la necesidad de reforzar algunas áreas de la Fiscalía de Barcelona, como por ejemplo el servicio especial de delitos de Odio y Discriminación que cuenta con «un único fiscal, dedicado en exclusividad, aunque también atiende los servicios generales de Fiscalía (juicios en Penal y Audiencia, notificaciones y ejecutorias) y un funcionario del personal auxiliar».

«El fiscal lleva desde su inicio todos los procedimientos en lo que a priori puede detectarse discurso de odio, desde su incoación hasta su calificación y posterior celebración de juicio oral. El volumen de causas, especialmente incrementado en estos últimos meses por la situación política de Cataluña, hace inviable continuar con la actual situación. Es absolutamente necesario que otro fiscal, en el mismo régimen de exclusividad ya descrito, entre en el servicio especial», indicaba el proyecto de la nueva fiscal jefa de Barcelona.

Y es que según datos de la propia Fiscalía de Barcelona, entre enero y finales de noviembre del año pasado el servicio de odio y discriminación había recibido unas 800 denuncias, de las que unas 150 habían llegado a partir de las últimas semanas de septiembre, cuando el conflicto por el proceso soberanista estaba en pleno apogeo con la celebración del referéndum del 1 de octubre ilegalizado por el Tribunal Constitucional.

Por el momento, todavía no está cuantificado el número de casos discriminatorios recibidos directamente relacionados con el proceso político que ha vivido Cataluña en los últimos meses, aunque desde el Ministerio Público se remarcó que es evidente que el fiscal Miguel Ángel Aguilar, coordinador de este servicio especial contra delitos de odio y discriminación necesita un refuerzo por la cantidad y complejidad de asuntos que lleva.

En su memoria de actividad correspondiente al año 2016, el servicio de odio y discriminación de la Fiscalía de Barcelona indica que se registraron 225 nuevos casos relacionados con estos delitos lo que implica un incremento respecto a 2015 cuando llegaron 136. De los casos de 2016, 151 corresponden a diligencias previas y urgentes mientras que el resto son delitos leves, lo que antiguamente se conocían como faltas, y hechos despenalizados tras la última reforma del Código Penal. En su mayoría provienen de atestados remitidos por los cuerpos policiales aunque también hay procedimientos comunicados por otros fiscales adscritos a los partidos judiciales de la provincia de Barcelona así como denuncias de particulares o asociaciones y entidades ante un juzgado o el propio Ministerio Público.

La ideología es el cuatro motivo de discriminación que aparece en estas denuncias por debajo de xenofobia, orientación sexual y religión. La Fiscalía destaca que entre 2015 a 2016 hubo un aumento «sustancial de las diligencias de investigación incoadas» y que el principal delito perseguido es el «discurso de odio punible». «Otro dato llamativo es que en 25 de las 47 diligencias de investigación incoadas el medio de comisión ha sido internet y redes sociales», indica la memoria.

Entre los asuntos más relevantes de 2016, el Ministerio Público detalla que «varios juzgados de instrucción» investigan «contenidos difundidos por medio de internet y redes sociales que promueven, favorecen o incitan al odio, la violencia, la discriminación o la hostilidad» y pone como ejemplo los mensajes «delictivos» difundidos a raíz del accidente aéreo de Germanwings.

Además, detalla que hubo una investigación por los delitos de impedir derechos constitucionales y ultrajes a la bandera por un ataque de «grupos radicales independentistas» a jóvenes de Societat Civil Catalana en el campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) o la agresión «por motivos ideológicos» de dos voluntarias de la plataforma Barcelona con la Selección. También se investiga las amenazas y coacciones de personas de la extrema derecha a periodistas que cubrían la manifestación del 12 de octubre en Barcelona.

En su proyecto de actuación como fiscal jefe de Barcelona, Talón apuesta también por combatir la «desinformación» que se publica en medios de comunicación y redes sociales sobre la actuación del Ministerio Público respecto al proceso soberanista. Por eso quiere asignar a «un funcionario avezado» en la utilización de herramientas de las nuevas tecnologías para que, «mediante los oportunos chivatos», pueda detectar esas informaciones respecto a la Fiscalía que, pese a estar ajustadas a la ley, «son cuestionadas y desfiguradas».

De esta forma la Fiscalía, a través de su portavoz, actuará para «desmentir y facilitar la correcta información». Es la primera vez que el Ministerio Público adopta una «medida que debe tener carácter extraordinario» para intentar replicar una noticia que «mereciera ser puntualizada, aclarada o simplemente negada» y de esta forma transmitir «la información que se estimara oportuno que llegara a los ciudadanos en asuntos que se consideraran de especial relevancia social».