Cataluña

La AEB vuelve a denunciar el adoctrinamientro político en la escuela catalana

SOCIEDAD

Imagen del acto celebrado en Tarragona AEB

Critican el sistema de la inmersión lingüística de los centros

La Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) ha vuelto a denunciar públicamente el adoctrinamiento ideológico al que se somete a niños y adolescentes en la escuela catalana, así como la exclusión dogmática del castellano que esconde el modelo de inmersión lingüística impuesto en Cataluña pese a las sentencias judiciales en contra. La AEB defiende un modelo educativo respetuoso con los derechos lingüísticos de los alumnos y trabaja para que los centros escolares queden libres de injerencias políticas partidistas.

"Es increíble la no aplicación de las leyes en un sistema democrático, y también es sorprendente la falta de rigor científico en los libros de texto; siempre se debe fomentar la imaginación en el alumno, pero por desgracia son los propios profesores los que la tienen más desarrollada", critica Nuria Plaza, coordinadora de la Agrupación de Enseñanza de Sociedad Civil Catalana (SCC) y organizadora de la II Fiesta por una Escuela Bilingüe que se ha celebrado hoy en Tarragona.

La primera edición tuvo lugar en el año 2015 en Sant Cugat del Vallès; con esta cita, la AEB trata de dar voz a los padres y docentes que defienden una enseñanza pública y concertada con el castellano y el catalán como lenguas vehiculares. Durante la mañana se ha instalado un punto de recogida de firmas de la asociación 'Hablamos español' para la iniciativa legislativa popular a favor de la proposición de Ley de Derecho a la Libertad de elección lingüística, y también se ha presentado el manifiesto 'Por una escuela bilingüe y cívica en Cataluña'.

El acto desarrollado en el Centro Cívico de Torreforta, -con varios talleres informativos para padres y docentes sobre las ventajas del modelo de conjunción lingüística y la detección de injerencias políticas en la escuela-, ha servido para presentar el último informe de la AMES (Asociación para la Mejora de la Enseñanza), del pasado mes de diciembre, que compara 16 libros de texto -de 2º, 3º y 4º de ESO- utilizados en Cataluña con los de la Comunidad de Madrid. Según Veracruz Miranda, secretaria de la Asociación de Historiadores de Cataluña, se puede afirmar objetivamente que existe adoctrinamiento: "Con estas herramientas, en las que abundan las aberraciones históricas y las invenciones, sería milagroso que un alumno adquiera una visión global de la historia de España".

La extensión de la historia de Cataluña (80% frente al resto de territorios), las falsedades históricas, la terminología nacionalista -más propia del siglo XIX- que evita la mención de España, y la equiparación al mismo nivel de un país y una autonomía conforman el patrón común de los libros analizados frente a los que se usan en Madrid. "Sólo en los episodios más negros -subraya Miranda- de nuestra Historia se menciona a Castilla y España; con respecto a Cataluña, se deforma y se silencia lo que no interesa".

Jesús Rull, inspector de Educación con larga experiencia, describe la influencia "recurrente y gradualista dirigida a moldear el marco mental de los alumnos e implicarlos en procesos de carácter político". A su juicio, se suman "una estrategia continuada e implementada durante las últimas cuatro décadas, y los hechos puntuales del 1-O con el gravísimo posicionamiento de las instituciones educativas".

Rull considera que la imposición de la inmersión lingüística obligatoria (92% del tiempo lectivo) y la exclusión supremacista del castellano, "que está mal visto en la escuela", la manipulación de las Ciencias Sociales y la normalidad de los mensajes secesionistas en el entorno educativo "han conducido a presentar muchos niños dos realidades distintas, la del colegio, con una influencia abrumadora, y la del hogar familiar".

En la mesa redonda central del evento también han participado Maribel Fernández, profesora de la UAB y miembro de la Agrupación de Enseñanza de SCC, el diputado y letrado de la Seguridad Social, José Domingo, el historiador Joaquim Coll -ex vicepresidente de SCC- y Ana Losada, presidenta de la AEB. Maribel Fernández ha avanzado que en breve será presentado un informe específico de SCC sobre lo que sucedió el 1-O en los centros educativos (ocupación por las AMPAS, utilización de los alumnos en los patios, uso de simbología secesionista...) y "la extraordinaria presión que recibieron niños y padres".

Por su parte, José Domingo ha recordado que el modelo legal, reconocido por los tribunales, es el de conjunción lingüística, "que integra equilibradamente catalán y castellano como lenguas vehiculares". "En cada centro, si no se justifica lo contrario, el 50% de tiempo lectivo en castellano es el legal... ahora ya hay una doctrina clara y se aplica al menos un 25% donde los padres lo han pedido... Pese al coste personal que han pagado por ello, su batalla incomoda a la Generalitat y es efectiva: ahora es la batalla de todos nosotros exigir nuestros derechos lingüísticos".

La presidenta de la AEB, Ana Losada, aseguró que tras el 1-O se ha incrementado "considerablemente" el número de padres que han contactado con esta entidad para reclamar más horas de castellano en la escuela para sus hijos por lo que instó a las familias a "no desfallecer" en sus reclamaciones ante las autoridades educativas catalanas. Losada recordó el caso del colegio Josep Guinovart, de Castelldefels (Barcelona) donde unas cuarenta familias pidieron a través de los tribunales enseñanza bilingüe para sus hijos.

A este acto de la AEB en Tarragona también acudieron la eurodiputada de ALDE Teresa Giménez Barbat; el diputado del PP en el Congreso Jordi Roca, y miembros de entidades como Impulso Ciudadano, Asociación por la Tolerancia, Plataforma Ahora, Hablamos Español, Asociación para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (AMES) y Societat Civil Catalana (SCC). La jornada ha concluido con la lectura del manifiesto "Por una escuela cívica y bilingüe", en el que se reclama un pacto educativo en el que se reconozca "el derecho a ser escolarizado en castellano en cualquier parte del territorio nacional y en la lengua cooficial en las comunidades autónomas", entre otras reivindicaciones.