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  • Diario Digital | jueves, 12 de diciembre de 2019
  • Actualizado 00:09

UNIVERSIDADES

Piden amparo al Defensor del Pueblo ante la instrumentalización nacionalista de las universidades catalanas.

Universitaris per la Convivència (UpC) se ha reunido hoy jueves con el Defensor del Pueblo para trasladarle una queja en la que se denuncia la vulneración sistemática de los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la educación por parte de las universidades.

Piden amparo al Defensor del Pueblo ante la instrumentalización nacionalista de las universidades catalanas.

Universitaris per la Convivència pide amparo al Defensor del Pueblo ante la instrumentalización nacionalista de las universidades catalanas

Una delegación de Universitaris per la Convivència (UpC), intregrada por Ricardo García Manrique, Chantal Moll de Alba e Isabel Fernández Alonso, se ha reunido hoy jueves con el Defensor del Pueblo para trasladarle, en nombre de este colectivo de profesores catalanes, una queja en la que se denuncia la vulneración sistemática de los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la educación por parte de las universidades públicas catalanas.

  • El detonante de esta queja son los manifiestos (casi uniformes) de un evidente contenido político, absolutamente alineado con las tesis de los partidos separatistas, aprobados por los claustros de todas las universidades públicas catalanas nada más conocerse la sentencia del procés.

Estos manifiestos fueron replicados de forma inmediata, el 29 de octubre, en una carta abierta a los rectores, promovida por UpC y Foro de Profesores y suscrita, en solo tres días, por más de 800 docentes e investigadores españoles.

  • En la carta se solicitaba la retirada inmediata de estos manifiestos, alegando, entre otras razones, que los claustros en modo alguno han sido elegidos con criterios políticos y carecen, por tanto, de legitimidad para pronunciarse en nombre de toda la comunidad universitaria.

UpC ha pedido al Defensor del Pueblo que requiera a las universidades públicas catalanas para que efectivamente retiren los manifiestos. Los argumentos esgrimidos para ello son los siguientes:

  1. - Que la libertad ideológica, protegida por nuestra Constitución en su artículo 16, es un derecho individual e inalienable y que, por tanto, resulta vulnerado cuando alguien declara creencias ideológicas en nuestro nombre. Eso es lo que hace la Universidad cuando aprueba este tipo de manifiestos, asumiendo una posición política colectiva que suplanta la libertad ideológica de alumnos, profesores y personal administrativo. La Universidad es una institución pública que debe carecer de ideología propia. Para garantizar la libertad académica y la expresión y debate libres de todas las ideas, ha de permanecer neutral.
     
  2. - Que el derecho a la educación de nuestros estudiantes, tal como lo configura el art. 27.2 de la Constitución, resulta vulnerado cuando la Universidad asume institucionalmente una posición ideológica contraria a los principios democráticos de convivencia y a los demás derechos fundamentales. Es el caso del manifiesto unitario suscrito por las universidades catalanas, que desprecia los ideales del estado de derecho, el imperio de la ley, la unidad de la ciudadanía y el derecho fundamental a la libertad ideológica.

La delegación de UpC también explicó al Defensor del Pueblo que, el pasado 7 de noviembre, un grupo de claustrales de las universidades públicas catalanas, arrogándose indebidamente la representación de los claustros, entregó los referidos manifiestos al Presidente Torra en un acto público en el Palacio de la Generalitat, que también fue replicado con contundencia por UpC, al entender que de este modo se ahondaba aún más, y en pleno periodo electoral, en la instrumentalización de las universidades por parte del nacionalismo.

UpC da pleno apoyo y participará activamente esta noche en Barcelona en el acto “Tú, que crees en unas universidades de todos”, organizado por la asociación estudiantil S’ha Acabat.

  • Varios profesores del colectivo incidirán en la vulneración de derechos que implica la aprobación de estos manifiestos y mostrarán su rotunda condena a cualquier forma de violencia en los campus universitarios, así como a la modificación de los criterios de evaluación por motivos políticos.